Raul A. Estrada Oyuela Publicado en Clarín El lunes 31 de agosto se iniciará en Bonn el
penúltimo ejercicio formal de
Negociación previa a la Conferencia en París, en diciembre,
para alcanzar un
acuerdo internacional que dé respuesta al cambio climático.
Notablemente ese
acuerdo no contendrá ni compromisos ni promesas de reducir
las emisiones,
frustrando la expectativa más generalizada y desoyendo el reclamo
del Papa
Francisco en su reciente encíclica.
En la situación actual, todo parece indicar que se avecina
un ejercicio
internacional de gatopardismo, que pretenderá haber cambiado
las cosas sin
que se haya hecho nada más que enumerar normas domésticas
que ya existen
o, en el caso de la Unión Europea, que ya se ha decidido
adoptar. El acuerdo
no crearía una obligación de reducir las emisiones, pero es
probable que
habilite restricciones comerciales contra exportadores
climáticamente
descuidados como es el caso de nuestro país.
El texto de negociación de más de 85 páginas, viene
creciendo y fracasando
desde el 2007, con propuestas alternativas y contradictorias
yuxtapuestas, y
tiene como señuelo el espejismo de pedir a los gobiernos que
presenten sus
INDC, por las siglas de Intended Nationally Determined
Contribution. Después
de varios ensayos, esa expresión se tradujo al español como
Contribución
Prevista y Determinada a Nivel Nacional, pero su significado
no está
establecido. Son previsiones que estimadas en cada país, que
pueden variar y
no constituyen ni compromisos ni promesas de mitigar el
cambio climático.
La definición de INDC ha sido metódicamente postergada en
distintas
reuniones, como en del Foro de las Mayores Economías, en
Luxemburgo los
días 18 y 19 de julio último. Allí los copresidente del
grupo de negociación Dan
Reifschnyder (EE.UU) y Ahmed Djoghlaf (Argelia),
expresamente excluyeron
esa definición de las deliberaciones sobre mitigación.
Naturalmente Reifschneyder representa los puntos de vista de
Washington y
Djoghlaf los de su país que integra el grupo denominado
“like minded
developing countries” donde también milita la Argentina, y
que básicamente
propone que mitiguen los países que en 1990 se consideraron
desarrollados y
reclama financiamiento para adaptación al cambio climático.
La expresión INDC fue impulsada por los Estados Unidos, cuyo
Senado
estableció claramente que no consentirá un tratado que
obligue a reducir
emisiones. Fue macerada en las negociaciones, recogida en el
anuncio
conjunto de los presidentes Barak Obama y Xi Jinping del 12
de noviembre de
2014, y convalidada por la Conferencia realizada en Lima en
diciembre pasado.
Hasta el momento de preparar estas líneas han publicado sus
INDC 53 países,
más la Unión Europea.
Los INDC presentados no son homogéneos. La mayoría conserva 1990 como
año base de las mediciones, pero Estados Unidos, Canadá,
Singapur, Nueva
Zelandia y Australia, optaron por el 2005 lo que importa una
gran diferencia. El
año base que Japón fija para sí mismo es 2013, cuando emitió
unos 100
millones de toneladas más que en 1990. La presentación de
Rusia es incierta y
condicionada. China, que ya es el mayor emisor de gases de
efecto
invernadero, simplemente dice que sus emisiones llegarán al
máximo en 2030,
es decir que pueden seguir creciendo, y que reducirá sus
emisiones de CO2
por unidad de producto. México y varios países en desarrollo
anuncian
reducciones con respecto a lo que emitirán sino tomaran
ninguna medida de
mitigación (business as usual), como si las proyecciones de
crecimiento
económico a 15 años fueran garantizadas y si incorporar
eficiencia fuera la
excepción.
Los países no necesitarían presentar sus INDC antes de
firmar el eventual
acuerdo, aunque se les requerirá para depositar el
instrumento de ratificación.
Las INDC no serían vinculantes, se podrían cambiar si el
gobierno considera
que se modificaran las condiciones del país, y no se
incluirían en el acuerdo
sino en una resolución de la Conferencia, que por su
naturaleza no es
vinculante.
Con las excepciones de los países de la Unión Europea,
además de Suiza y
Noruega, las presentaciones parecen en realidad una
descripción de políticas y
medidas ya existentes, pero con ellas se procurará crear la
imagen de que algo
se ha innovado para responder al cambio climático,
replicando la estrategia del
Príncipe de Salina, descripta en la obra de Giuseppe di
Lampedusa
Hace un mes la Embajadora Laurence Tubiana, representante
especial de
Francia para organizar la reunión que presidirá el canciller
Laurent Fabius,
declaró a The Guardian de Londres, que llegar a un acuerdo
vinculante –como
lo requiere la decisión tomada hace tres años en Durban- no
será difícil porque
solamente “ciertos elementos del acuerdo necesitarían ser
vinculantes”. Ella
considera que lo más difícil serán los compromisos para el
financiamiento a los
países en desarrollo, y debe tener razón si se tiene en
cuenta que el Fondo
Verde para el Clima, fue creado en el 2010 en Cancun, tiene
sede en Corea del
Sur, y aún espera los recursos prometidos para
funcionar.
En los últimos años, en materia de cambio climático el
gobierno ha seguido la
política del grupo liderado por Arabia Saudita, China, India
y Venezuela, que
tienen condiciones nacionales e intereses manifiestamente
diferentes a los
nuestros. Actualmente procura terminar la III Comunicación
Nacional para la
que, entre el 27 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2015,
usó una donación
internacional de 2,44 millones de dólares. Hay indicios de
consultas con la
sociedad civil y distintos sectores de la administración
para formular nuestro
INDC, pero no se registra consulta para acordar la política
nacional en materia
climática. Es serio porque en razón del alto nivel de
nuestras emisiones per
cápita, estamos en riesgo de encontrarnos con restricciones
comerciales
fundadas en la “huella de carbono”. Además la Conferencia de
Paris concluirá el 11 de diciembre, o sea el primer día de trabajo del futuro
gobierno, que
deberá enfrentar las consecuencias de la presente
desprolijidad.
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