martes, 24 de abril de 2018

SAN ANDRES , COLOMBIA, Y SU CARA OCULTA


La cara que pocos conocen de San Andrés
San Andrés es un paraíso que atrae a cerca de un millón de turistas por año, pero que por dentro sortea conflictos que afectan su salud y medio ambiente, que acrecientan la inseguridad y el narcotráfico, y que involucran la calidad del agua consumida.
Una realidad distinta a la que viven los turistas es la que deben enfrentar los cerca de 75 mil habitantes que tiene la isla, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
La veeduría ciudadana Fundación Heredad, no duda al señalar que el principal problema es la salud, pero en el tintero cuentan con reportes de incrementos en la contratación directa, daños en el alcantarillado y cuestionamientos por la ausencia del control estatal a las actuaciones de la Gobernación, en cabeza de Ronald Housni Haller.
“La Procuraduría y la Contraloría están en la isla, pero no cumplen con sus funciones, en ocasiones nos toca dirigirnos directamente a Bogotá para hacer nuestras denuncias, pero devuelven los casos a la regional y se estancan”, dice un vocero de la Fundación que habló con EL COLOMBIANO, quien reclama que las autoridades se interesen más por el archipiélago.
Este es el panorama que tienen día a día en San Andrés. Sus reclamos consisten en atención y obras, más allá de las promesas.
La salud, en crisis
La líder social afro Emérita Becerra critica que no haya una solución definitiva al desabastecimiento de medicamentos que sufren los isleños en el hospital Amor de Patria desde hace años, y que se acentuó en marzo. Becerra cuestiona que el operador, IPS Universitaria, no logró satisfacer las necesidades.
“Mantenemos de protesta en protesta porque no hay medicamentos tan básicos como el acetaminofén”, cuestiona. La misma situación la plantean líderes raizales y los propios políticos, como el representante a la Cámara -y hermano del gobernador- Jack Housni Haller, quien asegura que este sector debe ser percibido como una prioridad y realizar una reestructuración rápida.
Al respecto, el gobernador Ronald Housni Haller, en respuesta a EL COLOMBIANO, manifiesta que “hemos dado máxima prioridad a implementar con la mayor celeridad posible una solución definitiva a las deficientes condiciones ofrecidas por el operador, cuya concesión se vence en octubre”. Aquí hay que aclarar que aunque la vocería está a cargo del gobierno local, el Ministerio de Salud coordina una mesa de trabajo “para trazar la ruta que permita una atención digna y humana a los pacientes, durante este periodo”.
Resultado de esto es que, desde finales de marzo, empezaron a llegar medicamentos, aunque, como lo plantea la líder afro, “no nos dejan satisfechos”. Pese a que al gobernador se le preguntó cuántos recursos se requieren para solucionar el problema, no entregó una cifra.
Sanción por tres meses
Casi como respuesta a las críticas por falta de control, expuestas por líderes y la Fundación Heredad, el pasado viernes, el procurador General, Fernando Carrillo, anunció que suspendía al gobernador Housni Haller, inicialmente por tres meses, dada la crisis del sector y “su inoperancia”.
Carrillo indica que “ejercimos nuestra función preventiva, le pusimos la lupa y se volvió a entregar el servicio público de la salud a otro operador privado”, deja claro que la pesquisa también cobija al actual secretario de Salud, Adolfo Lambis Urueta; a la exgobernadora Aury Socorro Guerrero, y a los exsecretarios de Salud Miguel Alfredo May y Heyder Enrique Avendaño.
Sobre la suspensión, el gobernador solo responde que “respetamos la decisión, pero nos entristece porque estamos cerca de la solución de un problema que no generamos”.
Drogas, dolor de cabeza
Al preguntarle al gobernador sobre la presencia de grupos armados ilegales en su territorio, responde: “Esta información no se maneja desde la Gobernación, sino desde la Policía y la Armada”. Sin embargo, el comandante de la Policía en la isla, coronel Jorge Enrique Mendoza, asegura que aunque no están asentados en el territorio, sí tienen personas que se encargan de las rutas y del menudeo. Este problema no es nuevo.
Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, sostiene que se trata de una mala herencia de la lucha de poder entre Los Urabeños y Los Rastrojos, en la que los primeros se quedaron dominando el Pacífico, mientras que los segundos encontraron asiento en el Caribe. El analista también destaca que, aunque ese fenómeno estuvo controlado, desde hace unos cinco o seis años volvió a tomar fuerza.
Al respecto, el gobernador también asegura “le solicité al general Jorge Nieto –director de la Policía– evaluar la posibilidad de mantener la fuerza especializada en el territorio insular para que en la isla se recupere la seguridad”.
Por su parte, el director de la Policía en la isla reporta que entre 2017 y lo que va de 2018 han logrado la captura de 33 personas por microtráfico; la incautación de 146 kilos de cocaína, 62 kilos de marihuana y 24 gramos d éxtasis.
Otro tema, que no es menor, y que permanece en la retina de los isleños es el fallo de La haya, que le concedió 200 millas náuticas de la plataforma continental a Nicaragua sobre Colombia.
El hecho más reciente de este caso se registró el 16 de noviembre pasado, cuando se conoció que la Corte Internacional de Justicia le aceptó a Colombia dos contrademandas en este litigio marítimo.
Otro caso que preocupa y que hizo evidente la Contraloría General es la posible emergencia ambiental a la que está expuesta la isla, por cuenta de los malos manejos de las aguas residuales. “La Reserva de Biosfera Seaflower es una de las zonas más susceptibles al fenómeno de Cambio Climático, lo cual se agrava con la deficiente gestión institucional que se da en el Archipiélago”, indica el ente de control.
Si bien los esfuerzos y las inversiones se perciben, luego de la promesa del “Plan San Andrés”, que anunció el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tras el fallo de La Haya, el llamado de los isleños es evidente, pues los resultados no son los esperados, por lo que reclaman más atención desde Bogotá.
PARÉNTESIS , ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
De los 75 mil habitantes, según el Dane, 23 mil no están conectados al alcantarillado. Prueba de ello es que cada que llueve las alcantarillas se desaguan, según denuncia la Fundación Heredad. Para ello, el Gobierno Nacional, a través de un crédito del BID, invierte US$2,3 millones en saneamiento y agua, según cifras de la Gobernación. Al respecto, el gobernador Housni destaca: “dispusimos la compra y puesta en funcionamiento de dos plantas desalinizadoras, la primera de ellas, con capacidad de 25 litros por segundo, financiada con recursos del departamento, UNGRD y Ministerio de Aguas y
la segunda con capacidad de 50 litros por segundo, en convenio desarrollado con Findeter (BID)”.
RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ Periodista nacido en Calarcá. Camino entre Antioquia, Caldas y Quindío.

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